Encuentro histórico entre el Poder Judicial y más de 100 personas líderes de los Pueblos Indígenas de Costa Rica

• Diálogo intercultural: avanza co-construcción de la Política de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas

San José, 11 de octubre de 2024. El respeto a las culturas, el acercamiento con la gente y el interés de aprender y mejorar de la mano de los Pueblos Indígenas marcaron el encuentro histórico que tuvo el Poder Judicial con más de 100 personas líderes representantes de diferentes organizaciones de pueblos indígenas de Costa Rica —tales como Bröran, Ngäbe, Cabécar, Maleku, Brunka, Bribri, Huetar, Chorotega-, ubicadas en los 24 territorios indígenas del país.

La actividad, desarrollada el pasado 8 de octubre, tuvo como fin generar un acercamiento con la población y fomentar la confianza y la concertación de ideas para identificar oportunidades de mejora en el acceso a la justicia de estos pueblos.

En el acto inaugural se contó con la participación del Magistrado Orlando Aguirre Gómez, Presidente de la Corte Suprema de Justicia, la magistrada Damaris Vargas Vásquez, Vicepresidenta de la Corte; Francisco Cali Tzay, Relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU); Eva Felicia Martínez Sánchez, Embajadora de España en nuestro país; Andrés Sánchez Thorin, Representante Adjunto de la Oficina Regional Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe; y Angie Cruickshank, Defensora de los Habitantes.

A su vez, asistieron Magistrados y Magistradas, representantes de la Subcomisión de Acceso a la Justicia para Pueblos Indígenas, personal de los ámbitos administrativos y auxiliares de justicia del Poder Judicial.

Este encuentro es parte de las acciones para construir en conjunto la Política de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica y aplicar las recomendaciones realizadas por el relator especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

La Magistrada Vicepresidenta Damaris Vargas Vásquez, es quien encabeza este proyecto. Ella destacó la necesidad de construir un Poder Judicial al lado de la gente. “No podemos realizar esta política desde los escritorios, pues necesitamos acercarnos a estos pueblos a través de visitas, y, por medio de este encuentro, escuchar y entender su visión, procurar corregir y mejorar para garantizarles el acceso a la justicia”.

Por su parte, el Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU, reconoció los avances que ha tenido Costa Rica con la realización de esta política y el reconocimiento del derecho indígena.

Las plenarias tocaron temas como las recomendaciones del relator especial para la construcción de la Política, aspectos sobre género, el quehacer del Poder Judicial; además, se expusieron los avances y retos de este Poder de la República para la construcción de dicha Política.

Durante la actividad, la señora Justa Romero Morales, lideresa, intérprete y facilitadora de la población del territorio Bribri, resaltó la lucha que han dado los pueblos indígenas para que se respeten y reconozcan sus derechos e instó a las y los presentes a compartir ideas con el Poder Judicial.

Eva Felicia Martínez, Embajadora de España expresó su satisfacción en la participación de este proyecto y auguró muchos éxitos en la realización de esta política y el beneficio que tendrán las comunidades indígenas con su aplicación. “Este es un proyecto que no tiene sentido sin consultar a las personas indígenas de Costa Rica, conocer lo que desean y lo que no, pues no queremos imponer fórmulas que se han aplicado en otros países, ya que cada comunidad tiene su diversidad. Los países cambian de muchas maneras, pero una de ellas y más eficaz es cambiando las políticas públicas”.

Este proyecto es financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Embajada de los Estados Unidos, en procura de garantizar que las personas indígenas tengan un verdadero acceso a la justicia cuando así lo requieran, esto a través de una serie de lineamientos institucionales para brindarles atención con los más altos estándares internacionales de derechos humanos y a su vez, con la asesoría y el apoyo de la ONU.